Desde los tiempos en que se implanto el impuesto a los réditos hasta hoy, la carrera impositiva no ha dejado de funcionar, con algunas medidas cosméticas que tranquilizan al productor rural, no ha habido gobierno que dejara de alimentarse del campo, incluso con el fin de perpetrarse.

Del campo surgió el capital del que se alimentaron los ejércitos libertadores y luego las rencillas de unitarios y federales, el interior siempre pago el pato de la boda y lo sigue pagando, las preguntas son ¿hasta cuándo?, ¿para qué?,
¿Con que fin? Y muchas más.

A partir del agotamiento causado por los enfrentamientos entre argentinos, el campo fue al rescate como motor del desarrollo del país. Si bien no hemos dicho nada nuevo, lo que no está dicho es toda la verdad, ¿Por qué lo fue?

Simplemente el hombre de campo pudo hacer producir esta tierra que Dios nos confió, por una razón, lo dejaron trabajar en paz, desarrollar todo su potencial y lograr dar un valor agregado a lo que producía.

Hoy que tanto hablamos de valor agregado se niega el valor intelectual del productor agropecuario, se reduce su función a la de un simple labriego del tiempo de la opresión Soviética, y se envidia la suerte de los que arriesgando su capital dan mano de obra y generan nuevos empleos, aunque esto ya ha sido dicho, no dejaremos que se olvide, por eso es imprescindible reiterarlo.

Si pudimos ser una nación digna de respeto, no fue solo por la riqueza que se obtuvo trabajando, también y en mayor medida fue gracias a las virtudes practicadas a los principios de respeto a las instituciones, la familia, la disciplina del trabajo, la austeridad el espíritu de ahorro y la admiración por la cultura heredada de nuestros padres europeos.

Así, mientras el estado cumplió su rol supletorio sin invadir el ámbito de los particulares y respeto el esfuerzo de quienes justifican su existencia, Argentina se destaco entre las naciones más cultas y eficientes del planeta.

El estado no puede utilizar el sistema impositivo como un instrumento de intervención, no hay duda respecto del deber de cada ciudadano en contribuir con los gastos públicos, pero el sistema no puede nunca transformarse para los poderes públicos en un medio cómodo de saldar el déficit.

En la práctica, cuando el gobierno retiene el 80 % de la renta de los habitantes, en el fondo niega a la propiedad privada como derecho anterior al Estado. En la práctica también niega la libertad de disponer del fruto del propio trabajo, y reduce la población a la condición de siervos, al que se le regula, que, cuando y como puede comprar o vender y, con cuanto “le concede” quedarse. Niega así que el deber del derecho público es, en efecto, servir al derecho privado, nunca absorberlo o suplantarlo.

17/10/2013 

Por la paz del campo. Francisco J. Balbiani